Los menores de edad víctimas de abusos sexuales y maltrato tendrán toda la protección del Estado.
Para garantizar sus derechos e integridad serán asistidos por una unidad especial de defensa familiar, que estará compuesta por un defensor de familia, un trabajador social, un sicólogo, un nutricionista y un notificador.
Uno de los avances más importantes de la ley es que se eliminan los beneficios a los adultos que cometan delitos contra los niños. Antes a un violador o un maltratador se le rebajaba la mitad de su condena, si confesaba la agresión.
Con la sanción de la Ley, el agresor tampoco podrá recibir sentencia anticipada, casa por cárcel, ni libertad condicional.
Lo único que se mantiene son las rebajas por estudio y trabajo.
A esto se le suma que donde no haya defensor de familia, el comisario de familia asumirá sus funciones. Y si no hay, será el inspector de policía.
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